Carmen y María viven juntas desde hace siete años. Hace cinco decidieron tener un hijo. Para conseguirlo pudieron emplear el método tradicional –sexo con un hombre-, el de high tech –inseminación artificial- o la adopción en un país del tercer mundo. Supongamos que Carmen –por uno cualquiera de los tres sistemas- es ahora la madre legal de Teresa, una niña preciosa de cuatro años, que recibe cariño y atención de las dos madres.
Hay en España cientos de casos semejantes.
Supongamos que Carmen muere. Teresa puede ser reclamada por la familia de Carmen (padres o colaterales). Pero María no tiene derecho a nada. Se encuentra a expensas de la discrecionalidad de un juez, que podría (o no, según su grado de inteligencia, sensatez u homofobia) entregarle a Teresa en acogimiento.
Es por estos casos, para evitar estas situaciones, por lo que se pide la legalización de la adopción por parejas homosexuales. Los homosexuales siempre hemos podido adoptar. Siempre hemos podido tener hijos. Homosexual no significa estéril.
Se trata de equiparar derechos. Y quienes niegan esta ley niegan los derechos de personas como María, como Carmen y –sobre todo- como Teresa.
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